En un comunicado, estas organizaciones defienden que el modelo actual de competencia en infraestructuras de red ha permitido pasar de 11,2 a 27,6 millones de hogares con acceso a conexiones de nueva generación desde finales de 2011 a principios de 2015.

Por esta razón, tachan de “incomprensible” que el regulador pretenda “reproducir los esquemas” del modelo de cobre, lo que puede provocar un “descenso de la inversión en redes que son imprescindibles para el desarrollo de la economía digital”.

Para estas organizaciones, volver a este modelo “carece de toda justificación económica”, ya que no existe un operador que posea toda la infraestructura hasta los hogares, como ocurría en cobre con Telefónica, sino que es “un nuevo mercado en el que todos los operadores gozan de igualdad de oportunidades para extenderla en el territorio”.

Por último, sostienen que las empresas que participan en este sector son multinacionales o empresas con una importante presencia territorial, por lo que “no necesitan protección de los reguladores porque saben, o tienen que saber, que invertir en el mismo conlleva un riesgo”.

El comunicado está firmado, además de por la AI, por la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC), la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces), la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) y la Unión de Consumidores de Euskadi (Uceus).