Villacís se pronunció así en una entrevista con Servimedia en relación al anuncio del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de intentar acabar con este contrato.

Según los cálculos que Sánchez Mato expuso esta semana en la comisión del ramo, se destina al mantenimiento de la M-30 sólo 40 millones de los 140 que se gasta en esta partida el presupuesto municipal, dejando el resto para ingresos por beneficios o intereses de préstamo de los dos socios privados de la empresa mixta Madrid Calle 30, Dragados y Ferrovial.

La portavoz de C's, sin embargo, ratificó su apuesta por la legalidad y contra su interpretación discrecional por parte del poder político, porque cuando éste se salta la ley, se sienta un mal precedente y "no sabemos dónde vamos a acabar".

Villacís admite que el contrato que se firmó en 2005 "se ha redactado muy mal" y es "leonino" para las arcas municipales, pero advirtió del perjuicio que supondría para ellas su resolución, pues este tipo de acuerdos suelen estar "económicamente blindados" frente a ello.

En cuanto a si esto justifica la realización de una auditoría que vaya más allá de lo que fue o no legal, como defiende el Gobierno municipal, Villacís ratificó que este enfoque le da "muchísimo miedo", aunque tenga buena intención.

"Si se observa cohecho, malversación de fondos o corrupción, se tendrá que investigar y llegaría a ser motivo de nulidad, pero tiene que haber un procedimiento judicial. Lo que no podemos es resolver el contrato. Si el Ayuntamiento empieza a saltarse leyes a la torera, el ciudadano también se verá en la tentación de hacerlo", concluyó.