La institución quiere que la Junta Electoral "extreme la supervisión de las listas electorales para evitar la proclamación de candidatos inelegibles según la normativa vigente", explica el Defensor en un comunicado.

La defensora recuerda que el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General establece que son inelegibles los condenados por delitos de terrorismo, aunque la sentencia sea firme, cuando la pena contemple inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo. Según la ley, tampoco pueden ser elegidos aquellos condenados cuya sentencia establezca inhabilitación absoluta, especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Con esta actuación, la institución dice que quiere que "se garantice el pleno cumplimiento de la ley en una cuestión que hiere la sensibilidad ciudadana y especialmente a las víctimas de terrorismo".

La petición de Becerril a la JEC llega después de que se haya conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga a los condenados de la izquierda abertzale en vísperas del 20-D.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia solicitó previamente a la Fiscalía y a la Sala de lo Penal de la Audiencia que investigara posibles incumplimientos de las penas de inhabilitación especial para los condenados por pertenencia o colaboración con ETA.