En valores absolutos, la deuda sería unos 300.000 millones de euros inferior al cierre de 2014 (1,033 billones según el Banco de España) si esta regla de gasto que se aprobó en 2012 hubiera existido y se hubiera aplicado desde 2002.

La Airef publicó este viernes un informe sobre la regla de gasto, una herramienta que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de modo que, a medio plazo, su aplicación impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia del PIB.

La regla de gasto, que se regula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 y se aplica a todas las Administraciones salvo a la Seguridad Social, genera un mayor superávit en periodos de expansión y actúa como estabilizador cíclico en épocas de crisis, recuerda el organismo. Así, por ejemplo, hasta 2008 el gasto creció por encima de lo que hubiera permitido la regla de gasto.

Desde la institución indicaron que la regla no opera sobre los ingresos y excluye los gastos más vinculados al ciclo económico, como pueden ser las prestaciones por desempleo o los intereses de la deuda, “con lo que permite que éstos fluctúen libremente para contrarrestar los efectos” del mismo.

Además, trata de evitar que en épocas de crecimiento, ante un incremento “importante” de los ingresos, las Administraciones Públicas “tiendan a elevar el gasto”. En estos casos, la regla permitiría generar mayores superávits o menores déficits y contar con un “colchón” que mejora la posición fiscal de partida de las Administraciones a la hora de afrontar las crisis.

INCUMPLIMIENTO

En la actualidad sólo las corporaciones locales, y no todas, cumplen la regla de gasto. El incumplimiento de la misma supone la aplicación de las mismas medidas correctivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las otras dos reglas fiscales que recoge esta norma (objetivos de déficit y de deuda) tanto en su vertiente preventiva como correctiva.

De esta manera, en caso de apreciar riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en una administración territorial (comunidades autónomas o ayuntamientos), el Ministerio de Hacienda formulará una advertencia.

Por otra parte, una vez constatado el incumplimiento, la administración incumplidora deberá someter su endeudamiento, convenios y subvenciones a los informes y autorizaciones que establece la Ley de Estabilidad y presentar un Plan Económico-Financiero.