Gestha entiende que se pueda ver “interés político” y “precipitación” en la publicación de la primera lista de morosos

MADRID
SERVIMEDIA

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) entiende que puede haber quien considere que hay “interés político” y “precipitación” en la publicación de la primera lista de morosos con el Fisco, ya que supone una “excepción” a lo que será el calendario de difusión habitual.

En declaraciones a Servimedia, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señaló que el sindicato no entra a valorar si la fecha concreta en que se publicará puede afectar o no a la cita electoral del próximo 20 de diciembre o a la campaña, ya que la norma recoge que el listado se ha de hacer público entre el 1 y el 31 de diciembre.

Mollinedo explicó que el artículo 95 bis que se ha incorporado a la Ley General Tributaria recoge que en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del ejercicio previo.

Sin embargo, en una disposición transitoria se incluye que la primera lista se publicará en el último trimestre de 2015 con datos hasta el 31 de julio. “Algunas personas podrán pensar que esa excepción es porque tal vez el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiera aparecer como el primero que publica la lista”, afirmó el responsable de Gestha.

Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda subrayaron que les parece “correcto” que se haya impulsado esta medida, y que en el proceso de notificaciones y alegaciones se tomen “todas las cautelas para evitar que alguien salga indebidamente en ese listado”.

En todo caso, consideraron que la iniciativa “se ha quedado corta”, porque de la tipología que primará en el listado será la de una mediana empresa abocada a la insolvencia, ya que no se incluyen las deudas sobre las que se han pedido suspensiones o aplazamientos de, entre otros, grandes empresas.

De esta manera, puso en duda que vaya a ser muy efectiva en el sentido de cumplir su objetivo de aumentar la recaudación vía el efecto reputacional que los afectados quiera evitar.

“Cuando una empresa debe más de un millón de euros y no pide suspensión o aplazamiento va a incurrir en los recargos de apremio, y quien no puede pagar en voluntario más difícil será que lo haga en vía ejecutiva”, apuntó.

Según Gestha, las deudas pendientes de pago a Hacienda se situaron en 52.000 millones de euros a cierre de 2014, de los que 23.000 millones son exigibles por no estar sometidos ni suspensión ni a aplazamiento y tampoco inmerso en un pleito judicial.

(SERVIMEDIA)
19 Nov 2015
BPP/caa