Ésta es la principal conclusión que extraen Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón en las reuniones mantenidas este mes de noviembre con Javier Maroto y Gonzalo Robles (PP); Pedro Sánchez, Patxi López y Meritxell Batet (PSOE); Alberto Garzón (IU) y Pablo Iglesias (Podemos), y al consultar el programa electoral de Ciudadanos, con cuyo líder, Albert Rivera, se reunirán el próximo martes.

Frente al Monumento a la Constitución de 1978, de Madrid, los máximos responsables de estas ONG explicaron a los periodistas las posturas de los diferentes partidos después de que poner en marcha una campaña para modificar 24 disposiciones constitucionales y una reforma del artículo 53 de la Carta Magna.

Con esta campaña, estas organizaciones quieren que en la Constitución no haya derechos “de primera”, como el derecho a la vida o a la libertad, que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar ante los tribunales, y "de segunda", como el derecho a la vivienda, a la salud o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, destacó que, ante una hipotética reforma constitucional, “los derechos humanos están en el centro del debate” de las principales formaciones políticas, salvo el PP, y que Podemos es el único partido “convencido” de los derechos a la vivienda y a la salud puedan reclamarse ante los tribunales, mientras que el PP, el PSOE y Ciudadanos defienden “derechos de primera y de segunda”.

“A pesar de que hay un avance en materia de derechos en los programas electorales y en las declaraciones, falta mucho por concretar. La música en la mayoría de ellos es adecuada en cuanto a la protección de los derechos, pero con la letra queda mucho por hacer”, añadió.

DESAHUCIOS ANTE EL JUEZ

Por su parte, el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, indicó que sólo el PP se niega a “abordar la óptica medioambiental” en una reforma de la Constitución, si bien precisó que al resto de partidos políticos, “aparentemente, el medio ambiente les importa”.

Así, indicó que el PSOE y Ciudadanos abogan por “un refuerzo del derecho al medio ambiente saludable, pero sin concretar cómo”; Podemos e IU lo quieren situar “en pie de igualdad con otros derechos, pero les falta concreción”, y el PP “no ha concretado y, de momento, no está en su programa”.

A los líderes de estas formaciones, Rodríguez les trasladó que eviten que “los niños que fueron se avergüencen de los adultos que son” en materia de medio ambiente. “Hace falta que la letra sea la correcta, no nos vale sólo la música”, apostilló.

Por otro lado, el director de Oxfam Intermón, Chema Vera, valoró que el derecho a la salud universal y la creación de “un nuevo derecho a una renta mínima para la reducción de la desigualdad extrema” estén recogidos en las propuestas del PSOE y dijo que Podemos es “el único partido que habla de cambiar el artículo 53”, pero lamentó que queden olvidados “la defensa de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras”, la cooperación al desarrollo y que las empresas españolas que operan en el exterior sean respetuosas con los derechos humanos.

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón defienden que sus propuestas de blindaje de los derechos humanos en la Constitución repercutirían positivamente en la sociedad. Así, Beltrán indicó que alguien que es desahuciado podría acudir a un juez para reclamar su derecho a la vivienda, cualquier persona podría acudir a urgencias independientemente de su situación administrativa y “nadie quedaría fuera del sistema” con una renta básica garantizada.

Además, Rodríguez recalcó que supondría combatir la corrupción y evitar “la degradación medioambiental sin precedentes” de los últimos años en España, ya que cualquier ciudadano podría acudir a la justicia si se ve perjudicado.

“El acceso a la justicia en el medio ambiente es crucial para acabar con ese tsunami de corrupción que se está llevando por delante la costa o paisajes muy valiosos del interior, y que permite que una empresa contamine un río y no pase nada porque es difícil que la administración, que ha sido permisiva, la denuncie ante los tribunales”, concluyó.