El fiscal Ignacio Campos firma el escrito según el cual de la documentación aportada se deduce que “los hechos investigados podrían ser (presuntamente) constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales” y “parecen existir algo más que sólidos indicios de que tales delitos se habrían empezado a cometer en territorio español”.

Además, cita el apartado cuatro del artículo 301 del Código Penal, que establece que “el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provienen los bienes o los actos penados en los apartados anteriores hubieran sido cometidos total o parcialmente en el extranjero”.

Por tanto, la Fiscalía del Supremo considera que se debe otorgar la competencia para continuar la investigación al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que se hizo cargo de las pesquisas tras la detención de Rato el pasado mes de abril.

El juez instructor de Madrid Antonio Serrano-Arnal planteó la cuestión de competencia el pasado 2 de octubre después de que el juez encargado del 'caso Bankia' en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazara asumir el procedimiento.

El magistrado imputó este lunes al exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella. A todos ellos les atribuye delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares.

En total hay 14 imputados en este caso, que investiga la procedencia y gestión del patrimonio de Rato. El grueso de la investigación se centra en la actividad de la empresa Kradonara, creada en 2001 y que a partir de 2011 se dedicó a tareas de asesoramiento, por las que cobró 6,5 millones de euros en divisas de empresas como la británica Vivaway, de los que Rato era el “beneficiario último”.