"El Gobierno ha tenido en cuenta las situaciones de especial dificultad que pueden vivir algunos ciudadanos por la crisis y por eso ha decidido reforzar el Plan de Acción para la Inclusión Social y ofrecer nuevas herramientas que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis en las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El Gobierno sigue apostando por las políticas sociales ", explicó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Jiménez aseguró que estos programas de los ayuntamientos, que se centrarán en el apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos de bajo nivel de empleo, estancias en albergues, viviendas tuteladas o centros de acogida para los más desfavorecidos, así como planes de ayuda a domicilio para colectivos en riesgo de exclusión social, "podrían dar cobertura a más de un millón de personas".

Asimismo, el Ejecutivo anunció la creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social a través de las ONG y se incrementará en 14 millones la parte del IRPF destinada a los programas de inclusión social. "Este año la recaudación del IRPF estará en torno a los 205 millones de euros, la cifra más alta que se ha repartido en la historia de este programa", subrayó Jimenez.

Además, las ONG podrán solicitar el acceso a las líneas de crédito ICO existentes para completar los programas del Fondo Social Europeo.

TERCER SECTOR

El Ejecutivo también ha anunciado que presentará en los próximos seis meses el anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector (centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones), "una fuente de riqueza extraordinaria porque representa un 10% del empleo nacional y un 5% del PIB", agregó Jiménez.

Así, el Gobierno adoptará medidas para reforzar las funciones de estas entidades como la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad e incentivará la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.

Otra de las nuevas medidas aprobadas este viernes por el Gobierno es dar luz verde en un plazo máximo de dos meses a un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el periodo 2010-2012, que promoverá la participación social de este colectivo, así como el ejercicio de sus derechos y el acceso a bienes y servicios.

MEDIDA “MUY POSITIVA”

El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, calificó de "camino abierto" para mejorar la capacidad de acceso a un empleo digno para las personas con discapacidad, las nuevas medidas para reforzar el Plan de Acción para la Inclusión Social 2008-2010, que aprobó el Consejo de Ministros.

En declaraciones a Servimedia, Carballeda señaló que la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia a las empresas que tengan en sus plantillas más de un dos por ciento de trabajadores con discapacidad "es una medida muy positiva. La Administración tiene que dar ejemplo y primar en su contratación a las empresas que cumplen la ley, en este caso, la normativa que establece que las empresas deben incorporar en sus plantillas a personas con discapacidad".

"Es un camino abierto para mejorar nuestra capacidad de acceder a un empleo digno y, muy importante, para generar entre los empresarios una cultura proactiva para aprovechar el talento de las personas con discapacidad. Si se cumpliese el 2% que marca la Ley, hoy por hoy se cumple solo el 1%, se podrían crear 50.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad", agregó.

Sobre los 14 millones más que se aportarán del IRPF a programas contra la exclusión social, Carballeda subrayó que "la solidaridad que la ciudadanía muestra con el 0,7% de sus impuestos no puede tener mejor destino que apoyar a otros fines sociales a quienes se encuentran en determinados riesgos, y especialmente para aquellos ciudadanos con riesgo de exclusión social que, en estos tiempos de recesión económica, sufren aún más. No podemos permitir que la crisis genere un aumento de los grupos en exclusión y dar marcha atrás en los logros alcanzados".

También se mostró muy satisfecho el presidente de la ONCE y su Fundacón sobre los 30 millones de euros que destinará el Gobierno en políticas de inclusión social a través de la ONG. "La importancia del sector asociativo en España ha puesto de manifiesto que, mejor que nadie, quienes trabajan directamente con los sectores más afectados son los más apropiados para que los recursos tengan un mejor y mayor aprovechamiento. Cualquier incremento en estas políticas se traducirá sin duda en mejores posibilidades de acceder a un empleo para estas personas. En el último año, se ha reducido un 27% el nivel de contratación de estas personas, mientras que se ha incrementado un 32% la demanda de empleo por parte de personas vulnerables.

Con estos nuevos fondos, se podrá ampliar la formación a más de 30.000 ciudadanos en riesgo de exclusión, entre ellos personas con discapacidad, y lograr un empleo para unos 4.000. La mejor manera de inclusión social es la creación de empleo".

Sobre los más de 300 millones de euros para proyectos de inclusión social que llevarán a cabo los ayuntamientos, Carballeda señaló que "es un avance muy importante para el desarrollo local que es donde la crisis tiene una mayor incidencia y genera una mayor brecha social como constatamos cada día en el testimonio de nuestros vendedores del cupón".

Por último, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) valoró como “necesarias y muy positivas” las medidas extraordinarias de refuerzo de las políticas públicas de inclusión social aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social.

En un comunicado, el Cermi señaló que “en unos momentos de aguda crisis económica como el que atravesamos, con efectos en la cohesión social y en las condiciones de vida y en el bienestar de los ciudadanos, son precisas políticas y programas reforzadas de inclusión social, dirigidos a los grupos más expuestos a la exclusión y a la pobreza”.