WWWF señaló que se trata de una “falta de respeto a la ley y a la protección de la naturaleza”, ya que afirma que la finca en la que Báñez ha realizado este acto se encuentra en una zona donde existen más de 50 pozos ilegales que extraen agua para derivarla a fincas de regadío, como la que ha escogido la ministra para celebrar su evento.

Desde WWF explicaron que el uso ilegal de agua “perjudica a los agricultores que cumplen la ley” y pone en peligro el Parque Nacional Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, en los últimos 30 años el caudal del arroyo La Rocina, próximo a la finca, ha descendido en un 50% a causa del acuciante robo de agua, según los ecologistas.

“El mejor modo de defender el futuro de la agricultura en Doñana es defender a los agricultores legales y el uso sostenible del agua”, señalaron desde WWF, cuyo secretario general en España, Juan Carlos del Olmo, indicó que el Gobierno debería perseguir “con firmeza” el robo de agua. Asimismo, este ecologista explicó que “sin proteger los recursos naturales y sin cumplir la ley no habrá futuro para la agricultura en el entorno de Doñana”.