Garrido declaró que la Dirección General de Justicia y Seguridad ”ha decidido, finalmente, el desistimiento del contrato de concesión de obra pública de este proyecto al haberse licitado cuando todavía no estaba resuelto, al menos, un contrato previo, ya adjudicado para el Campus de la Justicia, y que, en parte, tenía la misma finalidad”.

Señaló que el Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de esta propuesta y manifestó que “este desestimiento del proyecto actual no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados”.

“Una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid”, según Garrido, quien dijo que el acuerdo “se notificará a los licitadores, a los que se compensará por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica, tal y como consta en la cláusula 32 del pliego de contratación”.

Asimismo, explicó que el pasado 5 de febrero se inició la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia, proyecto presentado a finales de 2014 siguiendo un modelo distinto a la iniciativa original de Campus de la Justicia de 2005 y que fue descartada tras el inicio de la crisis económica.

Tras iniciarse esta tramitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007 (en concreto, el proyecto de los Juzgados de lo Social y Mercantil del Campus de la Justicia). En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato.

Afirmó que desde ese momento, el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución.

“En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación”, concluyó.