Cuesta señaló que la calificación de Martínez Camino de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva es una "licencia para matar a los hijos" supone "una ofensa intolerable al Parlamento Español y al sistema democrático, y un menosprecio al principio de legalidad de extrema gravedad y trascendencia".

Además, tildó estas declaraciones de "descalificadoras e injuriosas contra una ley de un Parlamento democrático" y afirmó que se trata de "una extralimitación de la Iglesia católica y una ofensa al Estado Español".

"Frente a la ley se puede predicar el desacuerdo y la condena de su contenido, pero no la insurrección, ni el menosprecio al Parlamento, y en el respeto a los principios democráticos, la Iglesia católica ni tiene bula ni es una excepción", agregó.

Cuesta subrayó que la ley aprobada por el Parlamento tiene un amplio respaldo político y que el Consejo de Estado avaló previamente su constitucionalidad.

"La Ley de Salud Sexual y Reproductiva elimina la cárcel para las mujeres, regula los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y desarrolla toda una política de salud sexual y reproductiva en clave de prevención, asistencia social, educación, prestación sanitaria y protección del 'nasciturus'", comentó.

Para manifestar su desacuerdo con la ley, Cuesta recalcó que la Iglesia católica puede "influir democráticamente para que sea recurrida, manifestar y recordar su moral y pedirle a sus fieles que no se acojan a las posibilidades de la ley, desde el acatamiento y respeto al principio de legalidad".