El acto, que contó con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia, del mundo de la discapacidad y de Unespa, que representa a más del 90% del sector asegurador en España, comenzó con un recuerdo del presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, a las víctimas de los atentados perpetrados el pasado viernes en París. Además, al término del mismo se celebró a las puertas del Ministerio un minuto de silencio en memoria de los afectados.

La directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, recordó que el jurado de estos galardones “ha valorado la aportación decisiva del Ministerio de Justicia para que esta iniciativa legislativa viera finalmente la luz en un proceso dialogado y constructivo con todos los grupos de interés de cocreación normativa”, según informa en un comunicado la entidad.

MÁS CERCA DE LA REALIDAD

Por su parte, el titular de Justicia señaló que “el régimen que regula estas indemnizaciones tenía que ser más afinado y ajustado a la realidad”, y destacó que “el mérito es haber sabido priorizar este asunto en la agenda del Gobierno”, algo a lo que en su opinión ha contribuido activamente la sociedad civil, empezando por el Cermi, las asociaciones de víctimas de accidentes y los representantes del mercado asegurador.

Además, Catalá mostró su satisfacción por el reconocimiento, y apuntó que no es un trabajo sólo suyo, sino del anterior equipo de Alberto Ruiz-Gallardón e incluso de gobiernos anteriores. “Durante esta legislatura es cierto que ha habido un trabajo intenso para conseguir que las reformas que España necesita y ha necesitado estuviesen orientadas a las personas”, agregó.

El ministro incluyó en este tipo de medidas no sólo el nuevo baremo que entrará en vigor en 2016, sino también la reforma del Código Penal o el Estatuto de la Víctima del Delito.

Por otro lado, el presidente del Cermi declaró que aunque las administraciones públicas deben cumplir con su obligación de proteger e impulsar los derechos de todas las personas, es conveniente premiar a las administraciones, personas e instituciones “que van más allá de su obligación, hacen el bien y extienden el bien colectivo”.

En esta línea, Pérez Bueno resaltó que “entendemos que el Gobierno en su conjunto y el Ministerio de Justicia en particular fueron decisivos para que una antigua demanda de la discapacidad como era la actualización del baremo fuera actualizada y sustituyera al obsoleto sistema actual”.