Lo hizo en declaraciones a los periodistas tras salir de la sesión de la comisión del ramo en la que, a pregunta del portavoz socialista Julio Ransés, desveló que el contrato de la sociedad mixta Madrid Calle 30 ha supuesto al Consistorio un sobrecoste de 502 millones en los últimos 10 años por el tipo de sociedad que lo gestiona.

Esta sociedad, cuyo 20% poseen tres sociedades mercantiles propiedad de Dragados y Ferrovial, se constituyó con el fin de que la inversión del Ayuntamiento en el mantenimiento de la M-30 no computara como déficit, pero la Unión Europea no lo aceptó y lo consideró como tal.

Ahora, este contrato, vigente hasta 2040, seguirá detrayendo “un dinero ingente” al Ayuntamiento “si no somos capaces de revertir” el contrato. Sánchez Mato no quiso por el momento “revelar la estrategia que seguiremos”, que tendrá que aprobarse en Junta de Gobierno, pero avanzó: “No vamos a consentir que la situación quede así sin intervenir en la medida de lo posible”.

Esa intervención, precisó, será antes de 2025, cuando Dragados y Ferrovial pueden vender su participación al Ayuntamiento y se prevé que lo hagan para incrementar unos ingresos anuales que Sánchez Mato desglosó así: 39,8 millones en dividendos y 66,4 en intereses de la deuda subordinada creada por unos préstamos de estas empresas al Consistorio al 5,5% de interés, desmesurado si se tiene en cuenta que con el Ayuntamiento como garante se trata de una inversión segura.

El resultado es que, de los 140 millones que destina el Ayuntamiento a mantenimiento de la M-30, sólo 37 millones se emplean realmente en reparación de calzada, carteles electrónicos, iluminación y demás. Sánchez Mato no quiso relacionar esa escasa inversión en mantenimiento con las causas de un accidente que recientemente se cobró dos vidas en la circunvalación madrileña, puesto que los ingresos de las empresas privadas son ya suficientemente grandes como para que tengan que escatimar en mantenimiento pero sí concluyó que, con esta adjudicación, “el Ayuntamiento, por una vía u otra, pierde, que es lo que suele ocurrir cuando el PP blinda contratos a empresas privadas”.