Con esa reforma, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual tiene nuevas funciones, como la determinación subsidiaria de las tarifas negociadas y de otras tarifas para la explotación de determinados derechos de propiedad intelectual.

El órgano fijará, previa solicitud de parte, las cantidades sustitutorias de las tarifas generales, en caso de no alcanzarse acuerdo entre las partes.

De este modo, las tarifas generales fijadas por las entidades de gestión deberán ajustarse a unos criterios objetivos legalmente establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y a la metodología que se establezca mediante la Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se halla actualmente en las fases finales de su tramitación.

La Sección Primera también adquirió tras la reforma la función de control. Deberá velar para que las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión en cumplimiento de sus obligaciones sean equitativas y no discriminatorias, poniendo en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el incumplimiento de tales obligaciones.

"La aprobación del presente Real Decreto permitirá avanzar en la eficacia y la transparencia de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, propiciando que las tarifas por la utilización del repertorio de las entidades de gestión sean establecidas atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre titular y usuario", señala una nota del Ministerio de Presidencia.

"Todo ello tendrá una repercusión positiva, tanto en el sector cultural, como en los usuarios, algunos de ellos pertenecientes a sectores intensivos en creación de empleo en España, animando la inversión y la innovación", concluye.