Catalá se refirió a este asunto antes de participar esta tarde en la entrega de los premios jurídicos Pelayo, acto al que también asistieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en este acto, el ministro, preguntado sobre si cree que Mas intentará aplicar la moción secesionista, dijo estar “convencido” de que ningún Gobierno o institución puede desatender un “mandato” del Constitucional, ya que su legitimidad emana del cumplimiento de la ley y de la Carta Magna.

A su juicio, es “inimaginable” que el presidente de la Generalitat desobedezca al Constitucional. A su juicio, “más allá de las declaraciones políticas”, lo que se va a producir en Cataluña es “el funcionamiento normal de las instituciones en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho" y, por lo tanto, confió en que "se cumplirá la resolución del Constitucional”.

ADVERTENCIA EXPRESA

El responsable de Justicia también fue preguntado por el hecho de que Mas dijera este jueves, durante la segunda sesión del debate de investidura tras las últimas elecciones autonómicas, que encontrarán la forma de aplicar la moción secesionista, como lograron celebrar la consulta del 9-N, a pesar de que fue prohibida.

A este respecto, Catalá dijo que el Constitucional ha trasladado “expresamente” a una serie de autoridades catalanas, entre ellas el presidente de la Generalitat, que deben abstenerse de realizar “ninguna actuación que pueda ser aplicación de la resolución suspendida”, en referencia a la moción secesionista.

Por este motivo, el ministro dijo que no entiende “cómo es posible llevar a cabo actuaciones de hecho (en aplicación de la moción secesionista) sin que se desobedezca o se desatienda el mandato del Constitucional”.

En cuanto a la eventualidad de que haya que recurrir al artículo 155 de la Carta Magna y suspender la autonomía catalana, el titular de Justicia dijo que el presidente Mariano Rajoy ha manifestado “reiteradas veces” que en este asunto actuará con “mesura, proporción y gradualidad”, pero “aplicando el Estado de Derecho, toda la fuerza de la ley y toda la legitimidad que la Constitución da a los poderes públicos, entre ellos al Gobierno”.

Remarcó que esto supone que todos los “instrumentos están disponibles en función de los hechos que vayamos conociendo”, en referencia a la eventualidad de recurrir al artículo 155 de la norma fundamental.