Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al completar los instrumentos previstos en la norma, haciendo posible que las relaciones entre los operadores se lleven a cabo en el marco de unas relaciones justas y equilibradas.

Este código, fruto del consenso entre las diferentes asociaciones representativas de la producción, industria y distribución, es el primero que se establece a nivel nacional para el conjunto de la cadena.

Según Agricultura, esto marca “un antes y un después” en las relaciones entre los operadores, ya que en él se contemplan la totalidad de los puntos que suelen resultar conflictivos en las relaciones entre ellos.

De hecho, el código supone el compromiso de los operadores que voluntariamente se adhieran, a que sus relaciones comerciales vayan más allá de lo ya regulado en la ley y se ajusten a unas pautas de actuación preestablecidas y a unas mayores garantías.

También acuerdan resolver sus conflictos y discrepancias mediante sistemas de mediación o arbitraje, y a implantar por las grandes empresas un Defensor del cliente y del proveedor.

Este código establece los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales y las prácticas mercantiles que fomentan relaciones justas, equilibradas y leales entre los operadores de la cadena alimentaria, así como las circunstancias para la adhesión y baja del código

Recoge una serie de compromisos y prácticas comerciales generales y comunes a todos los operadores de la cadena alimentaria y sus asociaciones, definiendo igualmente unas cláusulas de prácticas comerciales espeíficas para algunos operadores.

Entre los compromisos generales a asumir por los operadores se establecen la claridad y concreción de los contratos y los acuerdos comerciales así como las prácticas que promuevan el estricto cumplimiento de los mismos.

También se establece la lealtad en el intercambio de información, las actitudes equitativas en la transferencia del riesgo y de responsabilidades y la no imposición en sus contratos de condiciones o exigencias injustificadas.

La adhesión será voluntaria por parte de los operadores y obligará a que las relaciones comerciales se ajusten a sus principios y a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos establecidos en el mismo.