Según indicó hoy la citada federación en un comunicado, el Casb tampoco desarrolla una labor de seguimiento, lo que sumado a los cambios políticos hace que sus posibilidades de éxito “se conviertan en un caos y en un verdadero desastre”.

Ante esta situación, Famma ha enviado ya una carta a la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid para relatarle la problemática detectada en relación a la actividad que desarrolla este órgano.

La federación dice haber constatado este panorama cuando el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras se ha limitado a dar “evasivas” al informe de Famma sobre las barreras y deficiencias de accesibilidad detectadas en 11 facultades del Campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid y en relación a otros casos que la entidad le ha hecho llegar.

El Casb, a juicio de Famma, “se limita en la actualidad a ejercer un papel burocrático, en el mejor de los casos, y únicamente reenvía y transmite la información sobre las deficiencias de accesibilidad entre las distintas partes en conflicto en los casos que gestiona, pero no realiza seguimiento ni ejerce un papel proactivo en lo referente al fomento de la accesibilidad y la supresión de barreras”.

La federación reitera, además, que este organismo no ha interpuesto en firme ninguna sanción en 15 años, pese a haber tramitado 371 denuncias en el período 1999-2014, por lo que “resulta un instrumento inoperativo para trabajar en la verdadera supresión de barreras”.

Además, finaliza, en sus dictámenes es habitual que se inste al actor contra el que se dirige la denuncia a cumplir los criterios de accesibilidad, pero justo en las fechas tope que establece la legislación (4 de diciembre de 2017 para el espacio urbanizado público, la edificación y los transportes), sin ejercer un verdadero papel de fomento de la accesibilidad desde ya para evitar que a finales de 2017 la mayoría de los entornos presenten barreras arquitectónicas.