Así lo asegura el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan José Martín-Casallo en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ.

Este organismo inició hace dos semanas los trámites para suspender cautelarmente y dejar fuera de la Audiencia Nacional al juez Garzón como consecuencia de las dos primeras causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo, el proceso por su investigación de los crímenes del franquismo y el referente a las subvenciones que recibió del Banco Santander para impartir unos cursos en Nueva York.

El informe de la Fiscalía asegura que “no procede la suspensión provisional” del magistrado, porque esta medida no es “de aplicación automática” con la simple admisión a trámite de una querella. Proceder ahora contra Garzón sería para el Ministerio Público “contrario a la lógica jurídica”.

En este sentido, el escrito subraya que la suspensión provisional de un juez generalmente se aplica sólo cuando es llevado a juicio. El fiscal señala que el caso de Ferrín Calamita, el juez de Murcia suspendido y condenado por retrasar una adopción de una pareja homosexual, fue una excepción.

Además, destaca que en el caso de Garzón “las querellas solamente han sido admitidas a trámite sin que exista apertura de juicio oral contra aquél, siendo la postura del Ministerio Fiscal en su tramitación la de solicitar en todo momento el archivo de las mismas al considerar que los hechos en los que se apoya no son constitutivos de delito”.

Por último, el fiscal Martín-Casallo concluye que la suspensión de Garzón “sería efectivamente contraria a las garantías e independencia e inmovilidad” de los jueces.

El Tribunal Supremo admitió ayer a trámite una nueva querella contra Garzón y abrió la tercera causa consecutiva contra el magistrado, esta vez por un presunto delito de prevaricación por haber ordenado grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del "caso Gürtel" y sus letrados.