La norma, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria de 2014, que a su vez modificaba otra de 2004 en lo que se refería a los indicadores comunes de seguridad y a los métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes.

La directiva comunitaria de 2014 pretende pasar de los indicadores relativos a los costes para el sistema ferroviario de los accidentes ferroviarios a otros indicadores relativos a las repercusiones económicas de los accidentes para la sociedad.

Atribuye valores monetarios a la mejora del grado de seguridad en el contexto de recursos presupuestarios públicos limitados, dando prioridad, por tanto, a las iniciativas que garanticen una asignación “eficiente” de los recursos.