La venta de viviendas del Ivima a un fondo de inversiones es el primer asunto que investiga la citada comisión. Gomendio señaló que los pisos se vendieron a un precio un 20% más alto que el de mercado en esos momentos, que el concurso fue “transparente" y que se mantuvieron los derechos de los inquilinos.

Asimismo, informó de que cuando llegó al cargo la decisión sobre esta venta ya estaba tomada y señaló que se llevó a cabo ajustada a derecho. Agregó que la venta a Goldman Sachs fue a un precio de 68.000 euros cada vivienda, un 20% más de lo que valían en ese momento.

Igualmente, explicó que la venta de esos pisos se hizo por la “escasez de liquidez” y que lo obtenido era para más gastos sociales y negó que esta operación sea corrupta.

AFECTADOS

El que ocupó el cargo antes que Gomendio, Juan Van-Halen, dijo que con esta operación “se consiguió enajenar unas viviendas sin alterar los derechos de los arrendatarios y obtener recursos para nuevas promociones sociales de vivienda”.

La primera compareciente fue la presidenta de la asociación de afectados por esta venta, Sonia Martínez, quien destacó la “gravedad” de esta operación, que afectó a 2.935 familias.

Denunció que la Comunidad retiró las ayudas a las familias que las recibían por sus necesidades sociales y que vivían en los pisos que vendieron con gente dentro y añadió que no han variado los precios de los alquileres.

Martínez dijo que un grupo de afectados creó la asociación para “poder personarnos como acusación particular” en el proceso abierto por esta venta y en el que está imputada Gomendio, acusada de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, afirmó que espera que esta comisión “sirva para depurar responsabilidades políticas y aclarar qué ha pasado con esta venta de viviendas”.

También compareció Matilde Garciía Duarte, que ocupó la Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda en 2013 y que declaró que todo se hizo legalmente.

CRITICAS A GOMENDIO

Los portavoces de todos los partidos criticaron las afirmaciones y la actitud de Ana Gomendio, menos el PP, que consideró esta operación legal y conforme a derecho.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que “quedan muchos interrogantes” sobre este asunto y denunció que “no existió ningún informe económico sobre la necesidad de esa operación”.

Pidió responsabilidades políticas por esta venta y dijo que “existe indefensión importante de los inquilinos afectados”, porque “solo pueden acudir a los tribunales ante posibles abusos de este 'fondo buitre’”.

Aguado se preguntó “por qué algo valorado en 300 millones de euros se vendió por 200”, y agregó que “Gomendio ha arrojado poca luz y ha afirmado que fue una operación excelente, cuando ha habido quebranto patrimonial”.

La diputada socialista Encarnación Moya se mostró “sorprendida” por la actitud de Gomendio, a la que acusó de “intentar obstaculizar el trabajo de la comisión con la clara estratagema de ampliar sus contestaciones para que el tiempo se agotase”.

El diputado de Podemos Miguel Ongil dijo que Gomendio “ha venido a no responder y obstaculizar” y destacó que “los argumentos del PP se alinean con los de la imputada por malversación en su estrategia de no llegar a la verdad”.

El diputado del PP Alfonso Serrano manifestó que esta venta se hizo “conforme a la ley” y “por necesidades de liquidez”.