La asociación indicó que, en los últimos meses, han sido varios los ayuntamientos o comunidades que han proclamado medidas sociales en materia de transporte público: el abono transporte a 10 euros para desempleados anunciado hoy o el abono joven a 20 euros de la Comunidad de Madrid, el título anual a 10 euros de Valencia para que los desempleados puedan viajar en autobús o el acuerdo al que se ha llegado en Vizcaya para que los niños viajen gratis hasta los 6 años, por citar sólo algunos ejemplos.

Atuc consideró que este tipo de medidas deben ejecutarse “siempre de manera razonable y pensando en la sostenibilidad del sistema”, si bien respalda la política de subvenciones especiales a los colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad, los desempleados o la tercera edad, ya que “el acceso al transporte público debe ser universal”.

En este sentido, la ausencia de una ley de financiación provoca que no esté establecido claramente qué parte de los costes debe soportar cada actor (usuarios, corporaciones locales, comunidades autónomas y el Estado), por lo que este tipo de medidas podría recaer injustamente sobre los presupuestos de prestación del transporte público. A este respecto, los gestores del servicio no deciden sobre los servicios que prestan, ya que es la propia administración la que dibuja las directrices a seguir.

La patronal cree que la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de ofrecer un abono a 20 euros para los jóvenes, “podría suponer una pérdida de ingresos de 80 millones de euros en venta de billetes”.

En este sentido, si esta cantidad no fuese asumida por las consejerías de Asuntos Sociales o Juventud y finalmente recayese sobre el presupuesto destinado al servicio de transporte público, “podría producirse una merma en la calidad del sistema, ya que este dinero se podría dedicar a la mejora de servicios en beneficio del interés común”.

Actualmente, circulan en España más de 750 trenes en hora punta en las distintas redes de metro del país y más de 10.000 autobuses, lo que implica una plantilla de más de 40.000 personas, que representan entre el 65% y el 70% de los costes. Además, “hay que tener en cuenta variables como la electricidad, los servicios de limpieza o la seguridad, lo que eleva el coste del transporte público español a unos 5.000 millones de euros”.