“No nos gustaría que se utilizase políticamente una marcha que es de asociaciones y de las víctimas”, dijo a la prensa este viernes, pues en su opinión estas organizaciones “están haciendo un gran trabajo para ayudar a las mujeres”. “No me gustaría que una marcha como esta se utilizase como arma arrojadiza hacia el Gobierno o como elemento de crítica”, agregó. En esta línea, considera que “las víctimas no quieren ser utilizadas ni política ni electoralista ni demagógicamente y estamos en un momento en el que se puede llevar a ello”.

Camarero excusó al Gobierno por no estar presente, ya que indicó que la iniciativa “es de la sociedad civil” aunque señaló que acudiría a título personal porque comparte las reivindicaciones que hacen las asociaciones, como que la lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado.

No obstante, negó que se hayan producido recortes en la lucha contra este tipo de violencia, en contra de lo qie afirma el manifiesto que se leerá este sábado tras la marcha. Según Camarero “el Gobierno se ha comprometido y se ha ocupado de ella” y “ha mejorado en varios aspectos”, como la inclusión de los menores en las estadísticas, el tratamiento a las víctimas con discapacidad y la justicia gratuita. “No ha habido recortes, ha habido una mejora en la gestión”, insistió.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Camarero también se refirió al informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial conocido este jueves, que denuncia que la valoración de riesgo no se hace en todos los casos y cuando se hace no lo detecta, y que las víctimas son cada vez más jóvenes y de localidades más pequeñas, y reconoció que, aunque “es bueno” que haya un informe para poder actuar mejor al tener más datos, “hay que seguir trabajando para que las mujeres salgan del círculo de la violencia y tengan confianza en el sistema, que sepan que hay recursos, leyes y profesionales a su alcance”. A este respecto recordó que el 80% de las víctimas no habían denunciado previamente.

Asimismo, añadió que el nuevo protocolo en el que trabaja el Ministerio del Interior para que los jueces decidan las medidas de protección a las víctimas “va a dar buenos resultados”. “Estamos trabajando para que sea de forma más individualizada” y que “funcione del mejor modo posible”, concretó.

Por otra parte, apoyó que las comunidades autónomas mejoren los equipos psicosociales de atención a estas mujeres, cuestión que, según recalcó, depende de las competencias que tienen transferidas.