Con motivo de la cumbre de La Valetta (Malta) sobre migración, que se celebra hoy y mañana, estas entidades denunciaron en un comunicado conjunto que en el 2015 se han registrado 4.720 muertes de personas migrantes en todo el mundo mientras trataban de huir de los conflictos, la desigualdad y la pobreza, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). De ellas, 3.400 perdieron la vida en el Mediterráneo.

A pesar de estas cifras, las cinco ONG temen que la cumbre "centre su agenda en la seguridad y deje de lado cuestiones clave como los derechos humanos, el desarrollo y el derecho a la movilidad".

“No podemos seguir viendo como miles de personas pierden sus vidas en el mar ante la falta de vías legales y seguras para obtener protección en Europa”, afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

“El derecho de asilo es una obligación que los Estados deben cumplir y la solución no es dejar a las personas atrapadas en países donde no se respetan sus derechos humanos y donde sus vidas corren peligro sin dejarles más opción que arriesgarse en peligrosas rutas y en manos de las mafias”, concluyó Galán.

Para Inés Díez, responsable del Área Jurídica y de Incidencia de Red Acoge, “la actual crisis de personas refugiadas no puede servir a los responsables de la UE para proceder a la devolución de aquellas personas que provienen de otros Estados, como es el caso de los procedentes del continente africano. Es necesario garantizar el derecho a la solicitud de asilo a todas las personas que lleguen a territorio europeo con independencia de su nacionalidad y debe, igualmente garantizarse el principio de no devolución”.

Arantxa Freire, de Alianza por la Solidaridad, advierte de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes: “Los muertos en las costas del Mediterráneo, las cuchillas de Ceuta y Melilla, los asesinatos y torturas en los países de tránsito o las violencias de todo tipo que sufren las mujeres en ruta migratoria no son fatalidades inevitables: son consecuencia directa y clara de la lucha contra la inmigración irregular emprendida por la Unión Europea. Son producto de la decisión de externalizar nuestras fronteras a países limítrofes, sin garantías de respeto a los derechos humanos. Son resultado de una política de criminalización de las personas en situación administrativa irregular que las ONG debemos denunciar”.

"ESTATUS MIGRATORIO"

Las organizaciones advierten que en el contexto de la actual crisis migratoria, los menores migrantes, en particular los que viajan solos, son especialmente vulnerables. “Los menores están expuestos al riesgo de sufrir abuso, explotación, violencia y de caer en redes de trata. Su protección deberá primar por encima de cuestiones como el control migratorio y de las fronteras, y deberán ser reconocidos como niños en primer lugar y ante todo, independientemente de su estatus migratorio o de el de su familia”, indicó Andrés Conde, director general de Save the Children.

Las organizaciones señalan que los gobiernos deben centrar sus esfuerzos a largo plazo para gestionar la migración mediante la apertura de los canales más seguros y legales en Europa y actuar sobre las causas de la migración forzada, mediante la reducción de la pobreza, el fin a los conflictos y la lucha contra la desigualdad.

En este sentido, Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, aboga por que se aborden las causas que están detrás de la migración forzosa, así como que se respete la libre circulación de las personas. “La UE debe asumir su responsabilidad en los motivos que llevan a la gente a huir de sus hogares como la guerra y la persecución, la destrucción de sus medios de vida, el impacto del cambio climático y la falta de oportunidades económicas”, indicó San Pedro.