Así lo señaló Soria en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, después de que el vicepresidente mundial del Grupo Volkswagen, Francisco Javier García Sanz, le comunicase ayer, miércoles, que los vehículos afectados en España por "irregularidades" en las emisiones de dióxido de carbono en España son 50.000, del total de 660.000 a nivel mundial.

Soria detalló que García les comunicó que el grupo se hará cargo de afrontar “todos los costes derivados para los usuarios y para el Tesoro español” como consecuencia de las ayudas del plan PIVE, vinculadas a las emisiones de CO2.

En este sentido, recordó que las ayudas del PIVE suponían 2.000 euros, de los que 1.000 euros los daba al comprador el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito a Industria, y otros 1.000 el concesionario.

De esta forma, ante un total de 50.000 vehículos afectados por los motores diésel trucados, la compañía alemana tendría que devolver al Tesoro un máximo de 50 millones, a razón de 1.000 euros por coche, si bien la cantidad previsiblemente será inferior porque “no todos han llevado ayudas por planes PIVE”.

Además, Soria aseveró que desde Volkswagen también “se han responsabilizado” para devolver a los usuarios la cantidad pagada “de más” por el impuesto de matriculación que se abona anualmente, ya que “si uno compra vehículos de eficiencia 100 y es menor, está pagando más impuestos”.

“Esa devolución de la diferencia que se ha pagado de más también le hemos planteado que la devuelvan al usuario, es una cuestión bilateral entre el comprador y el usuario, y también se han responsabilizado para devolver esta cantidad”, agregó.

Asimismo, el ministro reiteró el compromiso del grupo con España respecto a la inversión de 4.200 millones de euros en cinco años en las plantas que tiene de SEAT en Martorell (Barcelona), a la que destinará 3.300 millones, y de Volkswagen en Landaben (Navarra).

Por su parte, el Gobierno reiteró su compromiso de ayudar a través de programas de innovación “como hemos hecho otras veces con Volkswagen y otras marcas cuando han localizado carga adicional de trabajo”.

En todo caso, Soria apuntó que el Gobierno “desde el primer momento está colaborando con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Nacional y cuanta información están solicitando la estamos facilitando”.

El titular de Industria aclaró que el grupo también se encargará de hacer las modificaciones de los software trucados a partir de enero de 2016 a los vehículos cuyos usuarios decidan llevarlo al concesionario, si bien matizó que “ninguno de estos vehículos tiene ningún problema de seguridad”, sino de “adulteración del sistema que mide las emisiones”.