Según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el objetivo es llevar a cabo una serie de acciones que fomentarán la transparencia y la seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La realización de estas acciones será voluntaria y abierta a todas las empresas que se adhieran al código, con independencia de su tamaño, estén o no representadas en el Foro de Grandes Empresas, y servirán de termómetro reputacional para las empresas implicadas, que también se podrán beneficiar de una mayor agilidad en el control tributario y una reducción de la conflictividad.

El anexo al código contempla dos apartados esenciales referidos al seguimiento del cumplimiento del código y al refuerzo de las buenas prácticas de transparencia fiscal.

En relación con el primer apartado, se contempla un catálogo de indicadores de buenas prácticas que permitirán verificar el efectivo cumplimiento del código, tanto por parte de la Agencia Tributaria como de las empresas adheridas al mismo.

Igualmente, se define un procedimiento específico para la evaluación permanente del grado de cumplimiento de las recomendaciones que recoge el Código de Buenas Prácticas y se concreta la posibilidad de dejar constancia del resultado de esa evaluación, tanto para supuestos de observancia, como de inobservancia del código.

Paralelamente, y con el objetivo de reforzar las buenas prácticas tributarias en el ámbito empresarial, se establece un listado de actuaciones y decisiones en materia fiscal sobre las cuales las empresas adheridas al código podrán informar a la Agencia Tributaria. Las empresas podrán dar la publicidad que estimen conveniente a esta información.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

El anexo al código aprobado incluye un total de 22 indicadores de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, 11 para la Agencia Tributaria y otros 11 para las empresas.

Para la Agencia, se establecen, entre otros compromisos, el de acelerar la puesta en conocimiento de los hechos susceptibles de una regularización tributaria y la actividad probatoria vinculada, estableciendo para ello los cauces de comunicación adecuados con la empresa.

De igual forma, la Agencia se compromete a manifestar con la antelación suficiente los criterios administrativos y jurisprudenciales generales que guían sus actuaciones, a minorar en la medida de lo posible los conflictos derivados de la interpretación de la normativa aplicable y a procurar una reducción de los tiempos del procedimiento inspector.

En el caso de las empresas, se considerará una práctica indicadora de cumplimiento del código que el consejo de administración de la empresa, u órgano equivalente, haya fijado o haya sido informado de las políticas fiscales de la compañía y haya aprobado las operaciones y las inversiones de especial riesgo fiscal.

TRANSPARENCIA

El anexo al código también establece que las empresas podrán poner a disposición de la Agencia Tributaria, preferentemente con carácter previo a la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, un informe en el que aporten información y explicación sobre una serie de actuaciones y decisiones en materia fiscal.

Esta información permitirá a la Agencia un conocimiento temprano de la política fiscal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas, lo que, a su vez, redundará en un análisis más cercano en el tiempo de los controles y regularizaciones que considere necesario realizar.

Entre otras actuaciones y decisiones a comunicar y explicar a la AEAT, se incluye la presencia en paraísos fiscales, el cumplimiento de los principios establecidos en el denominado ‘Paquete BEPS’ (‘Base Erosion and Profit Shifting’, Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE, la estructura de financiación de los grupos empresariales y los riesgos fiscales que las propias empresas consideren más relevantes, así como información sobre las operaciones más trascendentes desde la óptica fiscal aprobadas por el consejo de administración.