El criterio de la Sala afectará a los 20 recurrentes, aunque por el momento sólo se ha dictado auto en relación a Carlos Trénor Dicenta, de 63 años, con un árbol genealógico plagado de títulos nobiliarios y abogado laboralista. Cumple una condena de 17 años de prisión en el penal Ocaña 2 por su militancia activa en el entramado social, mediático y financiero de ETA

Entre los 19 que están pendientes de auto se encuentran el histórico dirigente de la banda Francisco Múgica Garmendia `Pakito´, Francisco Javier Valerdi Iranguren, Juan Antonio Olarra Guridi, Jesús María Altable Etxarte, Igancio Etxebarría Martín, Enrique Cañas, Jesús Arcauz Arana, José Miguel Etxeandia, Francisco Javier Zabaleta Elosegi, Miguel Ángel Askasibar Garitano, Asier Uribarri Benito y Javier Aranburu Muguruza.

La Audiencia Nacional considera que no se han conculcado los derechos de comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, a la asistencia médica, a la cultura o a la educación fundamentales de los recurrentes ni se ha contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"En este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional, se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro", dicen los magistrados.

Entre otros argumentos, la Sala explica que en la actualidad, a la vista de los acontecimientos sociales como el cese definitivo de la actividad armada, la política de dispersión ha sido modificada, posibilitando "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que han roto sus vínculos" con ETA, la denominada `Vía Nanclares´, en referencia a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde se encuentran presos que han expresado su disidencia con la organización terrorista.

El magistrado Ramón Sáez ha formulado un voto discrepante en el que sostiene que la cercanía, en ocasiones, a la familia y a los amigos "puede convertirse en un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de reflexión en clave de reconocimiento del daño causado a la víctimas".

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechazó el pasado mes de marzo el acercamiento de 30 presos de ETA a cárceles del País Vasco. El juzgado explicaba en sus autos que la competencia exclusiva para decidir sobre el destino o traslado de los internos en los diferentes centros penitenciarios está residenciada en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Ese pronunciamiento de la Administración penitenciaria se encuentra sometido a control judicial, si bien atribuido a la jurisdicción contenciosa”, matizan las resoluciones.

El juzgado de vigilancia añadía que solo sería competente para controlar decisiones de este tipo de modo excepcional, una vez agotada la vía administrativa, "previa acreditación o constancia de que la referida resolución administrativa ha producido una clara vulneración de los derechos fundamentales y penitenciarios del interno susceptible de ser corregida por la vía de traslado de centro penitenciario".

Vigilancia Penitenciaria negaba en ese momento la petición formulada por Francisco Múgica Garmendia, alias `Pakito´ o `Artapalo´, un pistolero histórico de la banda terrorista que cumple condena en la prisión de la localidad zaragozana de Zuera, al centro penitenciario de Zaballa, Álava. Argumenta para su rechazo que “no consta acreditada una vulneración de ninguno de los derechos alegados por el interno susceptibles de corregirse por medio de un traslado, y tampoco cabe considerarse trato inhumano ni degradante” el hecho de que el recluso cumpla su condena en un centro diferente del que solicita.

En su recurso, el histórico dirigente de ETA `Pakito´ alegó que en su actual situación penitenciaria se habían vulnerado, en concreto, los derechos de comunicaciones y visitas, de defensa y asesoramiento jurídico, de asistencia médica y a la cultura y la educación.

Otros presos etarras a los que también se les denegó el acercamiento son los históricos Henry Parot, José Javier Arizkuren, alias `Kantauri´, Felipe San Epifanio y Xavier Alegría Loinaz.