Álvarez indicó que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha sido “poco diligente y está mostrando apatía y una falta de capacidad de respuesta que roza la deshonestidad para con las víctimas”.

Afirmó que en 2007 se denegaban el 25% de las solicitudes de órdenes de protección y en el año 2014 el 43% y dijo que, ante esta situación, es “esencial que el CGPJ explique el ataque de interpretación restrictiva de la ley de violencia que se está produciendo en los juzgados”.

Tras animar a que se acometa “con urgencia un plan formativo de choque para la especialización real de los juzgados”, propuso que el Observatorio del CGPJ analice “la situación de los juzgados de Madrid donde desde 2006 la concesión de órdenes de protección ha descendido un 23%”.

Para Ángeles Álvarez, se trata de “porcentajes de denegación que no son lógicos”.

Otros aspectos que ha pedido analizar están relacionados con la negativa a declarar, o la existencia de juzgados en los que el archivo de las denuncias interpuestas asciende al 50%.

A su juicio, el aumento de casos con resultado de muerte en que previamente las víctimas habían denunciado “pone de manifiesto el relajo de quienes deben proteger a las víctimas”.

Explicó que este comportamiento “atiende a la impronta que en esta materia, el Gobierno del PP está dejando en todas las instituciones” y dijo que “en la última comparecencia del ministro (Alfonso) Alonso en el Congreso, el PSOE demandó al Gobierno que se interesase por los preocupantes datos sobre órdenes de protección que se otorgan a las víctimas de violencia de género”.

Sin embargo, añadió, “la tendencia a minorar el riesgo por parte de los jueces está llevando a errores que ponen en peligro la vida de las mujeres que demandan protección al Estado”.

Finalmente, Álvarez manifestó que “la falta de sensibilidad unida a la falta de elementos eficaces de valoración de riesgo están jugando en contra de la seguridad de las mujeres” y destacó que “Madrid es la única comunidad autónoma donde el Instituto de Medicina Legal aún no está en funcionamiento y en cuatro años el PP ha sido incapaz de mejorar el sistema de valoración de riesgo (Viogem)”.