Cifuentes, quien dijo que este decreto es “una herramienta para reforzar el carácter social de la vivienda pública”, afirmó, respecto a la fórmula de adjudicación de estas viviendas, que se ha establecido un nuevo sistema, denominado 'Procedimiento excepcional de Emergencia Social', que aporta la agilidad necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes.

La adjudicación por este procedimiento de Emergencia Social se hará a favor de personas o familias en situación de grave dificultad en los casos de desahucio de la vivienda que constituye la residencia habitual y permanente del interesado, cuando se produzca como consecuencia de una disminución sobrevenida de los ingresos de la unidad familiar y exista fecha de lanzamiento inminente por resolución judicial; residencia en infraviviendas cuando concurran situaciones de dependencia o problemas de salud graves derivados o agravados por la situación de la vivienda, y acontecimientos extraordinarios que sitúen a los afectados en situación de exclusión residencial, como atentados, derrumbes de edificios y situaciones similares.

Para resultar adjudicatario por el procedimiento excepcional de emergencia social de viviendas integrantes de este parque se exigen determinados requisitos, que se flexibilizan en casos muy concretos, como los que pueden afectar a las mujeres víctimas de violencia de género o al cónyuge al que no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar, en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio.

El decreto analizado hoy por el Consejo de Gobierno actualiza también los requisitos para acceder a las viviendas públicas por otros procedimientos de adjudicación existentes, aparte del excepcional de Emergencia y, de manera especial, el procedimiento ordinario mediante baremo por especial necesidad.

En el caso de las viviendas del cupo de especial necesidad, se ha reforzado también su carácter social, incluyéndose en este supuesto situaciones como lanzamiento inminente de la vivienda; violencia de género o por razón de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad; residir en infraviviendas o inmuebles sin las necesarias condiciones de habitabilidad, y otras situaciones graves que hagan necesario el cambio de vivienda.

Además, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, también se flexibilizan los requisitos de acceso. Concretamente, no se les aplicará el requisito de estar empadronadas o trabajando durante un periodo previo de diez años en la Comunidad de Madrid, cuando a consecuencia de la violencia de género se hayan visto obligadas a cambiar su residencia.

Cifuentes dijo que este decreto, que se aprobará próximamente, “supone un paso más en la política social que estamos llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque atiende especialmente a las circunstancias sociales y económicas del adjudicatario".

"Se trata de un decreto que lleva a cabo una necesaria actualización de los criterios establecidos en una normativa de 2006 (decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno), que no contemplaba los cambios sociales y las necesidades sobrevenidas que se han venido produciendo en los últimos años”, consideró.

Por último, manifestó que “el contenido de este decreto es ahora acorde con una nueva realidad, que nos demanda más rapidez para hacer frente a la exclusión residencial, y un tratamiento adecuado a las necesidades de colectivos con una problemática muy específica".