Rajoy compareció este martes en el Palacio de la Moncloa a las 14 horas para leer una declaración institucional después de que Junts pel Sí y la CUP presentaran por la mañana una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña para poner en marcha el proceso de independencia.

En su intervención, Rajoy aseguró que "el Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos o jurídicos que en defensa de la soberanía y el interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes".

Fuentes próximas a Rajoy explicaron a continuación que entre esos mecanismos se incluye, sin ninguna duda, la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución española para suspender temporalmente la autonomía catalana y asumir las competencias de la Generalitat.

Sin embargo, esa opción sigue siendo la "última" que se plantea el Gobierno de España, que primero está dispuesto a agotar el resto de las vías intermedias para frenar el desafío independentista que Junts pel Sí y la CUP han acordado poner en marcha para declarar la secesión y construir una república independiente en Cataluña.

El Ejecutivo de Rajoy considera que, ante la propuesta de resolución presentada esta mañana en el Parlamento de Barcelona, el primer paso le corresponde al Grupo Parlamentario Popular en la cámata autonómica, mediante la presentación de un "recurso de reconsideración" para que el documento de Junts pel Sí y la CUP sea aceptado.

Cuando la Mesa del Parlamento de Cataluña la admita a trámite y califique, Rajoy cree que llegará una primera opción para recurrir a los tribunales porque implicará que sus integrantes habrán dado el visto bueno a una resolución que desde La Moncloa se define como "contraria a la Constitución, a las leyes, al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los ciudadanos españoles".

De todos modos, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Estado para que estudien si es posible actuar previamente contra la propuesta de resolución redactada por Junts pel Sí y por la CUP como inicio del proceso de independencia de Cataluña.

La vía principal de Rajoy sigue siendo el Tribunal Constitucional, cuyas competencias amplió después del verano a través de una reforma legislativa urgente que planteó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados para dotar de mayor capacidad a esta institución a la hora de garantizar que se cumplan sus resoluciones y sentencias.

El Ejecutivo considera que este nuevo desafío del independentismo "demuestra" que la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional es "muy acertada y muy certera" porque gracias a ella hay más mecanismos para obligar a cumplir sus decisiones, hasta el punto de poder suspender de sus funciones a cualquier alto cargo de la Generalitat o del Parlamento de Cataluña que vulnere la legislación.

Las fuentes consultadas subrayaron que este nuevo mecanismo supone un "fortalecimiento institucional" en un momento en el que los partidos independentistas siguen dando pasos hacia la secesión de Cataluña del resto de España.

Con todo ello, el Gobierno de Rajoy asegura que la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña sigue sobre la mesa pero por ahora no se contempla porque es la "última" opción a la que quiere recurrir el presidente.