Esta prohibición figuraba en la modificación de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, promovida por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en 1995 y recurrida por el Ejecutivo nacional de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

“Esta sentencia supone un duro varapalo a las políticas ambientales del PP, que considera que el patrimonio natural puede gestionarse desde la impunidad más absoluta y en contra del mandato de la Constitución”, apuntó Lucio.

El PSOE indicó que el Tribunal Constitucional aclara que no se puede legislar en contra del interés general de protección y conservación de los ecosistemas forestales restringiendo de forma injustificada la labor sancionadora y preventiva de los agentes forestales, que “han sufrido durante estos últimos cuatro años un intento de deslegitimar la importante labor que realizan”.

Lucio recalcó que en esta legislatura que acaba de terminar se ha producido una “demolición de legislación ambiental promovida por gobiernos socialistas”.

“Durante estos cuatro años se han desprotegido los espacios de mayor valor ambiental, degradado la conservación de los parques nacionales y el carácter estratégico de los montes, los cuales son auténticas reservas de recursos naturales básicos, y promovido irresponsablemente actividades incompatibles con la protección de la biodiversidad o la pérdida de garantías mínimas de protección para garantizar la compatibilidad de usos de espacios y especies con su preservación”, apostilló.

Por último, Lucio destacó que aún quedan pendientes por resolver recursos relacionados con la protección medioambiental como el que afecta a la modificación de la Ley de Costas y “el compromiso de los socialistas de derogar todas las leyes de privatización y especulación desplegadas a lo largo de la X Legislatura con este patrimonio público para devolvérselo a la sociedad”.