En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Catalá señaló que los registros ordenados en inmuebles vinculados a los hijos de los Pujol “demuestra que la Justicia funciona cada día, que se investigan los delitos, que va dando pasos la instrucción”.

Aseguró que la “parte positiva” de esta nueva actuación judicial es que “no hay margen de impunidad para nadie y menos para quien representa a instituciones públicas, quien ha gestionado gobiernos, estatales, autonómicos o locales”.

“La mejor noticia para todos los españoles es tener claro que no hay margen de impunidad”, insistió el ministro, quien añadió que se vuelve a poner de manifiesto que “se puede tardar más o menos”, pero quien incumple las leyes acaba respondiendo ante los jueces.

GESTORES PÚBLICOS

Insistió en que esta operación contra el clan de los Pujol evidencia que “no hay margen de impunidad para nadie y menos para quien representa a instituciones públicas, quien ha gestionado gobiernos, estatales, autonómicos o locales”.

El ministro concluyó que esta rendición de cuentas ante los tribunales se produce tarde o temprano y que por eso el Gobierno quiere cambiar las normas “para que se agilice la Justicia en España”, en referencia a modificaciones como la de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Respecto a la queja de parte de los jueces y fiscales de que la nueva Lecrim puede dificultar la lucha contra la corrupción, al acortar los plazos de instrucción, Catalá dijo que “los plazos son ampliables” y que nunca se producirá el “archivo de una causa por el mero paso del tiempo”. Remarcó que esto supone que no habrá impunidad de los delitos relacionados con el comportamiento irregular de cargos públicos.