Bjarte Vandvik, Secretario General del Euupean Council on Refugees and Exiles (Ecre), una de las entidades que realizan la petición a la UE afirma que “los Estados tienen el legítimo derecho de controlar sus fronteras, pero este derecho no debe ser una excusa para ignorar el hecho de que hay personas que huyen de guerras o de persecución y tienen el derecho a la protección internacional según las leyes nacionales e internacionales. El fortalecimiento de Frontex requiere que sus operaciones sean controladas para garantizar el respeto de los derechos humanos”.

“Los gobiernos europeos se vanaglorian de su éxito en la lucha contra la inmigración irregular, un éxito que están pagando los refugiados que no pueden llegar a territorio europeo. La UE muestra así una preocupante hipocresía: celebra el establecimiento de un sistema europeo de asilo a la vez que deja a los refugiados fuera de Europa, donde no tienen acceso a su derecho a la protección internacional”, añadió Alfredo Abad, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Por su parte, Nicolas Beger, director de la oficina de Amnistía Internacional ante la UE, puntualizó que "hay una creciente tendencia de tolerancia cero hacia los migrantes irregulares y hacia aquellos que les prestan servicios en varios países de la Unión Europea. Esta política afecta al acceso al sistema sanitario y a otras condiciones para una vida segura, y hace que personas inocentes sean tratadas como criminales.