Según estas organizaciones, Función Pública "se niega a revisar las exclusiones de acceso al empleo público amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión que no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente y lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española".

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, “es el reconocimiento y la protección de este derecho el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que éste sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

Asimismo, añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.