El acceso al servicio público regulado exige de los Estados miembros el despliegue y operación de un centro nacional bajo cuya autoridad y competencia la autoridad responsable del servicio servicio público regulado establecerá las comunicaciones con el resto de la infraestructura del Programa Galileo para la provisión de este servicio a comunidades de usuarios nacionales o de aquellos países con los que España, en el marco de la Acción Común Europea, haya alcanzado acuerdos de uso y acceso.

Actualmente el programa se financia exclusivamente a través de la Unión Europea, cuyas necesidades financieras para el período 2014-2020 prevén un importe aproximado de 6,3 millones de euros, al que España contribuirá según su porcentaje de participación en el presupuesto comunitario (aproximadamente, un 9%).