El incendio, declarado a principios de julio, obligó a los habitantes de Orés, Asín, Faradués y la pedanía de Malpica de Arbas a abandonar sus casas por la proximidad de las llamas, siendo evacuadas unas 1.500 personas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informó de que el siniestro provocó una “grave afección ambiental”, al tratarse de un área semiárida donde la vegetación tiene un papel importante en el control de la erosión y el mantenimiento de la biodiversidad.

El Gobierno tomó esta decisión para adelantarse al período de lluvias, que podría empeorar la situación. Es por ello que se debe proceder a la restauración de los daños con celeridad y paliar los efectos adversos de las precipitaciones.