La Sala Segunda señala que los hechos recogidos en la querella, que vincula el indulto otorgado a Sáenz con la concesión de un préstamo del Banco Santander al PSOE y de otro personal al expresidente del Gobierno, no son constitutivos de delito.

De acuerdo con el criterio del fiscal, la sentencia afirma que la vinculación directa entre la concesión del préstamo al partido político querellado y la concesión del indulto, o entre la denunciada condonación de la deuda y la prerrogativa de gracia, “no parece factible por cuestión de fechas”. Además, el Alto Tribunal indica que el querellante no aporta ningún dato indicativo de que al expresidente del Gobierno se le haya condonado el préstamo personal.

En su auto, el magistrado ponente, Alberto Jorge Barreiro, explica que los hechos denunciados y los recogidos en otra querella anterior del mismo partido, que fue inadmitida y archivada el 9 de octubre de 2012 por la misma Sala, son sustancialmente los mismos, como admite el querellante.

Precisamente el partido Soberanía, que presentó esta nueva querella, consciente de que se trata de los mismos hechos, los califica penalmente bajo un tipo delictivo diferente al de la primera, que se presentó por un presunto delito de prevaricación, mientras que la ahora archivada era por cohecho.

La Sala de lo Penal concluye que toda la argumentación en que el partido querellante sustenta la procedencia de abrir un nuevo proceso penal por unos hechos que ya fueron examinados y archivados por esta Sala carece de una base razonable, al apoyarse en una interpretación errónea del auto de archivo de la primera querella.

PREVARICACIÓN

El Tribunal Supremo archivó en octubre de 2012 la querella presentada por Soberanía de la Razón contra Zapatero y el exministro de Justicia Francisco Caamaño. En aquel entonces, la Sala de lo Penal se alineó con el criterio del Ministerio Fiscal, en contra de lo argumentado por el abogado de la formación José Luis Mazón, que entendía que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.

La decisión del Ejecutivo del PSOE, adoptada cuando ya se encontraba en funciones, eximió a Sáenz de una condena a tres meses de arresto e inhabilitación por denuncia falsa, según el auto dictado el 28 de marzo de 2012.

La pena le fue conmutada por una de multa, "quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Soberanía de la Razón denunciaba la arbitrariedad de la medida de gracia concedida por un Gobierno que se encontraba en funciones. Sugería que quería "compensar al banco Santander por la refinanciación de cierta deuda y la condonación de 12 millones de euros" al PSOE, mientras que aludía también al "crédito hipotecario concedido por esta entidad a Rodríguez Zapatero para la compra de un chalet".

El 31 de julio de 2015, esta formación política volvió a querellarse contra el expresidente socialista prácticamente con los mismos argumentos, pero por un presunto delito de cohecho. Entre las diligencias de investigación que solicitaban se encontraba la solicitud del expediente del indulto al Ministerio de Justicia y que se requiriera a Banco Santander para que aporte la documentación referida al préstamo que concedió al PSOE y el expediente de su condonación.

Igualmente, pedía a la sala que requiriera a esta entidad bancaria “para que presente los expedientes de todos los préstamos solicitados por el PSOE desde el año 1982 y los referidos a préstamos personales concertados con José Luis Rodríguez Zapatero o su esposa y miembros de su familia desde el año 2000, en que asumió la Secretaría General del partido”.