En su comparecencia a petición propia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, Mas ensalzó el supuestamente “impecable” nivel de garantías de la contratación de la Generalitat, que "no da margen a la discrecionalidad" ni por tanto al "trato de favor" y, en consecuencia, al pago de comisiones por las empresas. "Si no hay trato de favor, todo lo demás queda en nada", advirtió.

Mas puso como ejemplo que en un 35% de los casos no se ha adjudicado un concurso a la mejor oferta técnica, que sería la única que se podría valorar subjetivamente, y que la oferta económica se valora con una fórmula matemática en la que no se puede interferir. Así, se preguntó para qué se va a comprar a los adjudicadores si no pueden intervenir.

Destacó que la exigencia de que la oferta técnica se abra antes que la económica, que la Ley estatal de Contratación Pública establece a las obras de más de 5 millones de euros, la empresa Infraestructuras de Catalunya, de la Generalitat, los baja a los 2. Igualmente, dijo que la Generalitat exige concurrencia de ofertas también en obras de menor valor que el resto del Estado.

Mas admitió que ha habido donaciones de empresas a CDC o a su fundación CatDem, pero igual que lo permite la ley a todos los partidos, por lo que atribuyó la persecución al suyo a que “se está buscando debilitar una estructura política, dejarla en inferioridad de condiciones”. También admitió que CDC facturaba a CatDem por algunos servicios.

Pero, puntualizó, tanto las donaciones como estas facturas a su fundación están publicadas y “no hacía falta montar toda eta parafernalia, no era necesario un despliegue de la Guardia Civil para obtener esa información”.

Así, limitó todo el posible fraude a que las empresas adjudicatarias pudieran ser favorecidas, pero, insistió, “para que eso sea posible, el sistema debería permitirlo”, y, si el sistema que se ha autoimpuesto la Generalitat lo impide, entonces “no hay trato de favor”. Mas concluyó que, con una “lupa de grandes aumentos” puesta sobre CDC durante 10 años, todavía no hay sentencias judiciales que hayan atestiguado la financiación irregular del partido.