Dicha ley hubo de ser modificada para adaptarla a la Directiva Europea que marca que las licencias de venta ambulante no pueden ser indefinidas y deja en manos de los Ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, la duración de las mismas con los límites que establezcan las comunidades autónomas, atendiendo a criterios de amortización de las inversiones y de la recuperación de unas retribuciones adecuadas.

La ausencia de leyes específicas de venta ambulante está provocando que varios municipios estén modificando sus ordenanzas municipales, obligando a los vendedores a entrar en sorteo e incluso a no dejar presentarse en la misma plaza al sorteo una vez consumido el plazo de la licencia.

Por ello, UPTA España solicita promover un modelo de ley autonómica que "cree un marco estable y homologable en todo el Estado para el comercio ambulante y la elaboración de unas ordenanzas municipales marco que homogenicen los criterios de duración de licencias y renovación de las mismas".

Como ejemplo de consenso, UPTA destaca el acuerdo con la Junta de Andalucía por el que se modificará la Ley de Venta Ambulante incorporando un apartado que diga que las licencias serán prorrogables y tendrán una duración de uno a cuatro años.