En el texto aprobado se pide que se eliminen las categorías de “disforia de género”/“trastornos de la identidad de género” de los catálogos diagnósticos DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud, que contemplan la transexualidad como enfermedad mental.

Tras considerar que “los prejuicios, los errores científicos, las patologías y los estigmas asociados a las identidades trans son intolerables e inaceptables en la sociedad actual”, se manifiesta que “las personas transexuales siguen siendo un colectivo de personas muy vulnerable y el acompañamiento en su proceso debe estar garantizado por la sanidad pública y de forma gratuita e integral para todas las personas y con especial atención hacia los menores y la garantía a recibir el tratamiento adecuado en eras del interés superior de los mismos”.

Asimismo, se afirma que “en España se ha avanzado a nivel de legislación con la Ley de Identidad de Género pero todavía quedan por resolver cuestiones sanitarias, psicológicas y sociales de este colectivo que desde el ámbito de la política no se puede ni se debe ignorar y tiene que darles solución con leyes integrales dentro de las competencias del ámbito autonómico, así como una de marco estatal”.

“Las personas transexuales tienen derecho a vivirse y sentirse como son, para ello necesitan que se les garantice su pleno desarrollo y no discriminaciones, estigmas y patologización", indica la declaración.