En una sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal condena, además, a los cinco citados, a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.

Según la Sala, "estamos ante una entidad que valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado”.