Según la moción popular, defendida en el Pleno de la Cámara Alta por Mari Mar Ángulo, las citadas disposiciones adicionales de los presupuestos para 2010 permiten que cualquier empresa, incluso internacional, mediante contratos privados, pueda comercializar loterías del Estado.

Actualmente, explicó Ángulo, sólo 4.030 administraciones y 6.000 negocios como cafeterías o estancos tienen la potestad de comercializar loterías estatales tras haber conseguido una concesión pública.

Sin embargo, añadió, con la "privatización" que pretende acometer el Gobierno, habrá dos formas de adquirir un décimo de lotería nacional: comprarlo en una administración, como hasta ahora, o sacarlo de una máquina.

Además, la moción popular apostaba por dialogar con los sectores implicados y los agentes sociales para que tuvieran una "información suficiente" y pudieran debatir una posible modificación del estatus que tienen actualmente reconocido.

Finalmente, el texto del PP quería que el Gobierno estudiara todas las opciones posibles de los distintos modelos de comercialización y no solo el de la privatización y que asegurara que el nuevo modelo por el que se optara resultara, al menos, tan eficiente como el que pretendía mejorar.

El PSOE pactó con el resto de los grupos parlamentarios un texto alternativo a la moción popular que el PP rechazó y que, por lo tanto, ni siquiera llegó a votarse.

La alternativa de los Socialistas, defendida por Yolanda Vicente, abogaba por elaborar, dialogando con los agentes implicados, una ley de regulación del juego para dotar de una garantía jurídica al sector, pero no concebía la suspensión de las disposiciones adicionales de la ley de Presupuestos Generales del Estado, como quería el PP.