Así consta en el real decreto aprobado en 2002 que regula la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la M-12, autopista sobre la que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha dictado un auto por el que se acuerda la disolución.

De los 305,47 millones de euros, 268,5 corresponderían a la construcción y 36,97 millones a las expropiaciones. La M-12, de 9,4 kilómetros de longitud, comenzó a operar en junio de 2005. Los últimos datos disponibles del Ministerio de Fomento apuntan que la Intensidad Media Diaria (IMD) de la vía entre enero y julio fue de 19.437 vehículos, lo que supone un 6,2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Desde el grupo OHL han explicado en distintas ocasiones que el problema de esta autopista fue la apertura de una serie de accesos paralelos libre de peajes, lo que ha hecho que no se hayan cumplido las previsiones de tráfico.

En este sentido, un análisis sobre la situación de las autopistas de peaje en España del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) señala que la desviación del tráfico previsto en la M-12 en los primeros cinco años de explotación osciló entre el 61% y el 79%.

En este documento se expone que “España es un país con gran experiencia en el desarrollo de proyectos de autopistas, sin embargo, las previsiones de tráfico establecidas en los planes económico-financieros se sobreestiman mucho”.

Respecto a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, en el documento se recuerda que el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público establece una garantía en caso de resolución anticipada de la concesión.

Esta responsabilidad supone que en caso de resolución, la Administración tiene que abonar al concesionario el importe de las inversiones realizadas para la expropiación de los terrenos, la ejecución de las obras de construcción y la adquisición de otros bienes necesarios para la explotación de la obra objeto de concesión.

En todo caso, recuerda el IEF, a estas inversiones se tendría que descontar el grado de amortización en función del tiempo que restase para el término de la concesión.

Un informe del Ministerio de Fomento sobre las autopistas de peaje en España en 2011 señala que la inversión en el Eje Aeropuerto fue de 406,31 millones de euros, y que a 31 de diciembre de ese año la amortización era de 21,81 millones.

RECURSO DE FOMENTO

Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento consultadas por Servimedia anunciaron que el Estado va a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la liquidación de esta autopista, igual que hizo con la de la AP-36 Ocaña-La Roda.

Respecto al coste que podría tener la responsabilidad del Estado, explicaron que la debe determinar el juez y aseguraron que será seguro inferior a los 305 millones, ya que esa cifra se correspondía con el año 2005, el momento en que se puso en marcha esta concesión que tiene una duración de 25 años. En el caso de la AP-36, la responsabilidad máxima del Estado es de 487,2 millones.

De esta manera, el Gobierno deja en manos de la Audiencia madrileña el futuro de estas autopistas, que son dos de las incluidas en el plan del Ministerio de Fomento de crear una sociedad pública que gestione todas aquellas en problemas, un total de nueve.

Por ello, el departamento dirigido por Ana Pastor mantiene abierta la puerta a alcanzar un acuerdo con las sociedades concesionarias para llevar a cabo este proyecto que permitiría un ahorro importante de costes al gestionar conjuntamente estas autopistas. De hecho, la oferta de fomento seguirá vigente hasta que no se produzca la liquidación efectiva de ninguna de ellas.