Tráfico ha licitado este servicio, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para el que prevé invertir 3.167.780 euros a partir del próximo 1 de marzo y durante 12 meses, aunque el contrato podría prorrogarse por otro año más.

El pliego de condiciones técnicas del contrato, al que tuvo acceso Servimedia, señala que Tráfico quiere contar con el servicio de análisis cuantitativo de drogas en muestras de saliva a conductores u otros usuarios, así como las de contraste en sangre derivadas de las pruebas de alcohol o drogas si así lo requiriere alguno de los interesados.

En los controles de drogas, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil u otras unidades policiales designadas por la DGT toman una primera muestra de saliva con carácter indiciario.

Si ese test resulta positivo o el conductor muestra signos externos de haber consumido drogas, se toma una segunda muestra de fluido oral, que constituye la prueba evidencial del correspondiente expediente sancionador por vía penal o administrativa y cuyo análisis debe hacer un laboratorio mediante “precisos sistemas cromatográficos” que confirmarían definitivamente la presencia de sustancias ilegales en el conductor.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o los policías designados por la DGT envían la segunda muestra a un laboratorio, que se encarga de confirmar o rechazar el positivo del conductor sospechoso.

Si el conductor decide ejercitar su derecho a realizar una prueba de contraste, ésta puede realizarse en una muestra de sangre extraída de forma inmediata en un centro sanitario próximo al lugar del control policial o de la Guardia Civil, que se envía al laboratorio correspondiente.

RELACIÓN DE DROGAS ILEGALES

Las drogas prohibidas bajo la conducción son cannabinoides, benzodiacepinas, z-fármacos, opiáceos, metadona, cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, para las cuales se necesita un límite máximo de cuantificación de 400 nanogramos por mililitro.

El adjudicatario del contrato licitado desde hoy por la DGT debe asumir el coste del transporte de las muestras desde el lugar donde se tomó el test hasta el laboratorio (de una lista de unos 200), así como la devolución de las petacas y las cajas isotermas, en el caso de que fuera necesario.

Tráfico exige que el transporte se haga garantizando la cadena de frío (entre dos y ocho grados) y la custodia de las muestras hasta la recepción en el laboratorio. Después, la empresa adjudicataria debe enviar los resultados a la jefatura provincial competente y a la Subdirección Adjunta de Investigación e Intervención de la DGT.