En un comunicado, la organización explica que las eléctricas aplican una tarifa que “sólo puede cobrarse si tienen habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados”.

Andalucía es la primera comunidad que inicia actuaciones sancionadoras tras las denuncias interpuestas por Facua en en noviembre de 2014 ante las 17 agencias, institutos y direcciones generales de consumo autonómicas.

La organización reclama sanciones contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España: Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), Hidrocantábrico Distribución (EDP HC Energía) y E.ON Distribución.

El caso fue inicialmente archivado por el Servicio de Consumo de Jaén, sobre el que recayó el expediente ya que en Andalucía las denuncias por fraudes masivos tienen un sistema de reparto entre sus ocho servicios provinciales de protección al consumidor.

Entonces, Facua presentó un recurso, al que el organismo ha contestado ahora anunciado la "apertura de expediente sancionador por infracciones a la normativa de protección y defensa del consumidor".

La organización también ha llevado el caso a los tribunales, con una primera demanda interpuesta el pasado julio contra Endesa Distribución, y ha habilitado una web, FACUA.org/contadores, en la que pone a disposición de los usuarios afectados un modelo de demanda para que la presenten contra sus distribuidoras eléctricas de forma gratuita.

En cualquier caso, criticó que el Ministerio de Industria “no ha tomado medidas contra las eléctricas, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha instado a hacerlo”.

En esta línea, lamentó que tampoco han actuado aún las autoridades de protección al consumidor del resto de comunidades autónomas ni la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, a la que Facua también se dirigió el año pasado.

DECENAS DE MILLONES

La organización estima que el fraude representa en torno a 4 euros por cada año en el que se haya producido la facturación ilegal. Se trata de 33 céntimos mensuales (27 más IVA) por cliente, pero dado el volumen de afectados el montante total supone decenas de millones de euros cada año.

El sector está cobrando a los usuarios por el alquiler de los nuevos contadores una cuota mensual de 0,9801 euros (0,81 más IVA) que, según la normativa, solo puede aplicarse si los equipos ofrecen las prestaciones propias de la telegestión.

La cuota es un 50% más elevada que la establecida para las instalaciones que carezcan de dichas prestaciones, 0,6534 euros (0,54 más IVA).

Cada afectado paga anualmente 3,92 euros de más (0,3267 euros al mes) por el alquiler de contadores inteligentes que no lo son en absoluto.

“Millones de familias llevan años pagando una tarifa indebida por el alquiler de contadores que no cumplen los requisitos obligatorios de integración en el sistema que deben permitir a los consumidores funcionalidades como la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo”, advirtió Facua.

ADVERTENCIAS DE LA CNMC

La CNMC ya advirtió a Industria de las irregularidades el pasado noviembre en un informe sobre la propuesta de procedimientos para la comprobación, validación, cierre y puesta a disposición de los datos procedentes de los equipos de medida conectados al sistema de telegestión.

Competencia señaló que se venía aplicando una tarifa indebida a usuarios que "no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida".

La legislación del sector eléctrico obliga a sustituir todos los contadores con potencia contratada de hasta 15 kilovatios (kW) por equipos que "deberán estar integrados en un sistema de telegestión y telemedida implantado por el encargado de la lectura correspondiente".