Así lo anunció este martes en el Senado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien respondió en el Pleno de la Cámara Alta a una interpelación del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés sobre la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad.

"Nuestra previsión", indicó Jiménez, "es que en el mes de marzo podamos llevar al Consejo de Ministros un informe para su aprobación con el resultado de este estudio final comparativo de la normativa y en su caso los borradores de los textos legislativos que necesitan una modificación".

"Dada la diversidad de las normas afectadas", el Gobierno ha acordado elaborar propuestas normativas de distinto rango para acometer las adaptaciones de la legislación que se consideren necesarias, explicó la titular de Política Social.

En algunos casos, añadió, se tratará solo "de retoques menores, quizás cambios de carácter semántico", pero en otros casos serán "reformas de gran calado".

En cualquier caso, finalizó Jiménez, el Ministerio de Sanidad y Política Social se compromete a seguir trabajando en el desarrollo normativo de la Convención, con todas las fuerzas políticas y con los representantes de las personas con discapacidad.

Por su parte, Maria Burgués, de la Entesa Catalana, recordó que España ratificó la Convención de la ONU sobre Discapacidad en diciembre de 2007, "lo que supone un compromiso en la implicación de elaboración y puesta en práctica de políticas y leyes que aseguren los derechos reconocidos" en este texto.

Burgués, que defendió en el Pleno de la Cámara Alta la interpelación al Gobierno de su grupo parlamentario, explicó que la convención de Naciones Unidas se concibe como una norma universal y jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad estén garantizados en todo el mundo, donde aproximadamente 650 millones de ciudadanos (el 10% de la población) tienen algún problema físico, psíquico o sensorial.