Con esta reforma, impulsada por el PP, se busca dotar al Constitucional de mecanismos de ejecución de sus propias resoluciones, por lo que podrá sancionar a quienes incumplan sus sentencias e incluso suspenderles de sus competencias.

De esta manera, la institución podría desde hoy mismo inhabilitar al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, si incumple sus sentencias.

Según la norma que este sábado publica el BOE, si el Constitucional apreciase el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, podría imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que la incumplan.

SUSPENDER A UNA AUTORIDAD

Además, tendrá la posibilidad de acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Constitucional.

Además, este tribunal estará habilitado para requerir colaboración del Gobierno de la nación para adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones y que pueda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El texto también contempla que si se trata de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial trascendencia constitucional, el Tribunal de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento sin oír a las partes.