El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, afirmó el pasado 15 de febrero que el Gobierno español había aceptado acoger cinco detenidos de Guantánamo, en vez de los dos previstos inicialmente.

Entonces, el portavoz para Estados Unidos de Amnistía Internacional, Carlos de las Heras, aplaudió esta medida, si bien pidió que estas personas no estén más tiempo detenidas y se les garantice vivienda, trabajo y atención sanitaria cuando lleguen a España.

De las Heras indicó, en declaraciones a Servimedia, que "lo importante" es que el Ejecutivo "concrete la llegada de los detenidos a España" y garantice que "no se va a establecer un periodo adicional de detención para estas personas".

Además, señaló que los cinco presos de Guantánamo deben tener "residencia legal" en España, "todas las medidas necesarias para su reunificación familiar" y "que se les garantice el derecho de acceso a la vivienda, el trabajo y la salud", con el fin de que los detenidos se adapten "a una nueva vida en un país nuevo para ellos".

De las Heras reclamó que los cinco detenidos reciban las "garantías suficientes" de que no serán extraditados "a sus países de origen ni a ningún otro donde puedan ser sometidos a torturas u otras violaciones de los derechos humanos".

Por último, De las Heras subrayó que España y el resto de países europeos tienen "obligación moral", que no jurídica, de ofrecer asilo a los presos de Guantánamo después de apoyar el discurso de oposición a este centro carcelario cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció su cierre.