En su informe ‘El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015’, la FAO afirma que la mayoría de los países, incluso los más pobres, pueden permitirse algún tipo de programa social (como transferencias de efectivo, bonos, seguros y contribuciones en especie) para que las personas vulnerables puedan salir de la pobreza extrema y el hambre, así como mejorar la salud, la educación y encontrar oportunidades en la vida de sus hijos.

De hecho, apunta que los programas de protección social ayudan actualmente a cerca de 2.100 millones de personas, lo que supone un tercio de los más pobres del mundo, aunque las tasas son aún más bajas en Asia meridional y África subsahariana, las regiones con mayor incidencia de la pobreza extrema, es decir, las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día.

El informe recalca que existen al menos 145 países que ofrecen hoy en día una o más formas de asistencia social, incluyendo las transferencias en efectivo incondicionadas (es decir, subvenciones a fondo perdido para los beneficiarios elegibles), las transferencias de efectivo condicionadas (por lo general, asociadas a la asistencia a la escuela o chequeos de salud) y los programas de obras públicas que ofrecen empleo garantizado. Otras formas incluyen transferencias en especie, como la distribución de alimentos y los programas de alimentación escolar.

La FAO reclama que estas iniciativas se amplíen a las zonas rurales, ya que la gran mayoría de los pobres en estos lugares no cuentan todavía con ningún tipo de cobertura y vincular los programas sociales a las políticas de crecimiento agrícola “incluso podría reducir rápidamente el número de personas pobres”. Además, indica que estos programas contribuyeron a que 150 millones salieran de la pobreza extrema en 2013.

“UN MITO”

El informe indica que muchas familias extremadamente pobres se ven obligadas actualmente a vender sus activos productivos, poner a los niños a trabajar, sobreexplotar sus pequeñas propiedades de manera no sostenible, o conformarse con empleos mal pagados.

Sin embargo, los planes básicos de transferencias sociales ofrecen a los pobres la oportunidad para mejorar su propio potencial productivo y tienen efectos indirectos positivos en las economías locales, al incrementar las oportunidades de negocio, elevar los salarios rurales y permitir a los más pobres adquirir o invertir en activos.

El informe considera “un mito” la idea de que la protección social, incluso en forma de transferencias de efectivo incondicionada, reduce el esfuerzo de trabajo de las personas. “Por el contrario, los receptores a menudo responden a la protección social de manera positiva, incluyendo con la mejora de la nutrición y la educación de sus hijos, confiando más en la producción propia en lugar de un trabajo asalariado mal pagado y también aumentando su participación en las redes existentes”, apunta.

No obstante, la FAO precisa que las inversiones públicas en protección social por sí solas no pueden erradicar de manera sostenible el hambre y la pobreza rural, por lo que deben combinarse con las inversiones públicas y privadas en la agricultura y el desarrollo rural.