En una sentencia dictada este jueves, el Tribunal de Justicia señala que los términos en los que se habían redactado los compromisos asumidos por España muestran, por una parte, que dichos compromisos deben ejecutarse en el marco de la legislación nacional vigente y, por otra parte, que su ejecución precisa un margen de flexibilidad.

En cuanto a la legislación aplicable, indica que los importes que deban abonarse a los trabajadores despedidos puedan calcularse conforme a distintos criterios dependiendo de que, a la luz de los elementos de hecho y de derecho de cada caso, el despido se califique de procedente o de improcedente.

Así, explica el Tribunal, el margen de flexibilidad expresamente reconocido implica que, si bien los importes que el grupo BFA debe abonar a sus empleados "han de acercarse a las cantidades mínimas previstas por las normas nacionales aplicables en materia laboral, no es necesario que correspondan estrictamente a las mencionadas cantidades".

El Tribunal recuerda además que en los compromisos de reestructuración, el Grupo BFA había accedido a respetar la normativa vigente en materia de salarios e indemnizaciones. Además, el Gobierno español también se comprometió a garantizar el uso "más eficiente" de los recursos públicos en materia de indemnizaciones y salarios, por lo que debía supervisar que el proceso de reestructuración del grupo fuera "muy exigente, tratando de que el pago por despido se aproximase al mínimo legal, pero con cierta flexibilidad para evitar retrasar el proceso".

Esta sentencia se refiere a una denuncia presentada por dos extrabajadores de Bankia que solicitaban al juez la indemnización máxima de entre 35 y 45 días por año, cuando el compromiso de la compañía era una indemnización por término medio de 30 días de salario por año de servicio.