Según explicaron, esta iniciativa responde a las actitudes mostradas por algunos grupos políticos y comunidades autónomas, poco respetuosos con la libertad de las familias.

En rueda de prensa, el presidente de la católica Concapa, Luis Carbonel, afirmó que “estamos muy preocupados por algunas comunidades autónomas” que, tras las elecciones del 24 de mayo y con los nuevos ejecutivos, “quieren dar marcha atrás y decirnos cómo educar a nuestros hijos”.

“Asisto con preocupación” a las decisiones de ciertas autonomías que acaban de cambiar de Gobierno, que quieren “imponernos dónde colocar a nuestros hijos y sus criterios educativos”.

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Elvira, calificó de “muy grave” que algunos ejecutivos anunciasen a principios de curso que no iban a aplicar la Lomce, aunque en realidad sí lo están haciendo.

“No es que yo venga aquí a defender la Lomce a capa y espada, pero considero muy grave decir que no se aplica una ley aprobada democráticamente”, subrayó. “¿Cómo vamos a explicar Ciudadanía a los alumnos si solo acatamos aquellas normas que nos gustan?”, preguntó Elvira.

Según el presidente de CECE, Alfonso Aguiló, hay que evitar “los vaivenes políticos” en el campo educativo, algo que “hemos empezado a apreciar y que nos preocupa”.

La presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, reclamó también sacar la enseñanza de “la disputa política” y acabar “con la confrontación entre pública y concertada”.

MÁS FINANCIACIÓN

A juicio de Aguiló, la escuela concertada “está discriminada” frente a la pública en materia de financiación, pues mientras un alumno de la pública cuesta 6.000 euros al año, uno de la concertada solo recibe 3.000 a través del concierto.

El resto, explicó, lo ponen las familias mediante “aportaciones voluntarias”, pues casi el 90% de los fondos estatales se van directamente a las nóminas del profesorado. “Luego hay que mantener edificios, pagar al personal no docente, comprar mobiliario…”, detalló Aguiló.

La escuela concertada escolariza a más de 2 millones de alumnos (es el 25% del sistema educativo), apuntó, y “no entendemos por qué se nos discrimina de esta manera en la financiación”. Cada año, “suponemos un ahorro de casi 6.000 millones de euros”, destacó.

La misma idea expresó José María Elvira, quien afirmó que la concertada atiende a más del 25% de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios (y al 44% en aulas especiales), y si no está más presente en el mundo rural se debe a que las administraciones han retirado conciertos.

“También queremos matricular a alumnado inmigrante, pero para eso hacen falta profesores de apoyo, aulas de enlace y recursos de los que no siempre disponemos”, dijo. En su opinión, la concertada “obtiene muy buenos resultados en eficiencia y en equidad, no así en financiación”.

Además, manifestó que “no queremos competir con la pública, ya que “somos redes complementarias y también defendemos una enseñanza pública de la máxima calidad”.

La Constitución Española, argumentan, garantiza el derecho de las familias a elegir qué modelo de educación quieren para sus hijos, y en este punto “los centros concertados aseguran la libertad y la pluralidad, al no haber barreras económicas”.

Para transmitir estas ideas, las cuatro organizaciones se unieron en la plataforma Concertados, que ha puesto en marcha una campaña 'online' a fin de reclamar más financiación y dar a conocer la realidad de la escuela concertada. Se difunde en redes sociales y ofrece una web con información y varios vídeos explicativos.